La Ley 602 de Organización del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad y que establece que Oruro es la Capital del Folklore de Bolivia, no se toca. Esa fue una de las conclusiones principales del seminario taller de diagnóstico que se realizó ayer en el Paraninfo de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).
El acontecimiento estuvo organizado por el Consejo Departamental de Culturas de Oruro (CDC-O) en coordinación con la Casa de la Cultura "Simón I. Patiño". Asistieron representantes de 45 instituciones locales, los ausentes fueron las delegaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), que argumentaron mediante cartas que no asistirían al acontecimiento porque se tocaría la Ley 602.
El presidente del CDC-O, Ricardo Rocha, señaló enfáticamente que la Ley 602 no se toca.
"En ningún momento se ha dicho que se va a perforar o molestar la Ley 602, por el contrario se valora esa ley y su vigencia y competencia está dada, por lo tanto se respeta", aseguró.
Por otro lado, dijo que el seminario taller fue muy positivo por la participación de los representantes de las instituciones que llegaron a un número de 45.
"Los aportes que se han hecho en este seminario, significan un aporte para mejorar nuestro Carnaval. Lo que estamos haciendo es mejorar los lineamientos con la participación de estas tres mesas y vamos a hacer entrega pública de las conclusiones", enfatizó.
MESAS
Se establecieron tres mesas de trabajo: Organización y Normativa Legal, Turismo y Economía, e Infraestructura, los participantes tuvieron como metodología el uso de la matriz "FODA" (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
En las tres mesas de trabajo se reconoció que el Carnaval de Oruro tiene muchas debilidades en el tema de infraestructura, turismo, servicios básicos, organización y otros, sin embargo, también se aportó con ideas para el mejoramiento de la Obra Maestra. Las conclusiones y sugerencias se harán conocer mediante los medios de comunicación, cuando el CDC-O sistematice toda la información recolectada ayer.
ORGANIZACIÓN
El representante de la mesa de trabajo denominada Organización y Normativa Legal, Carlos Delgado, afirmó que se trató acerca de la vigencia de la Ley 2996 que establece una serie de reglamentos y la vigencia de la Fundación para el Desarrollo Cultural de Oruro (Fundesco), por mediante esa entidad se puede canalizar una serie de recursos para políticas culturas, protección y salvaguarda del Patrimonio.
"También se analizó que la Ley 602 debe permanecer, un tema es la organización del Carnaval y otro tema es la gestión de políticas culturales relacionadas con el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Se debe poner en vigencia lo más antes posible Fundesco y por el otro lado, en base a la Ley 2996, se deben generar recursos para el trabajo de esta institución y mejoramiento de infraestructura", afirmó.
TURISMO
Una de las delegadas de la mesa de Turismo y Economía, Esther Soto, manifestó que se hizo un diagnóstico de todos los factores que inciden en el flujo de los turistas.
"En qué medida ofrecemos las condiciones favorables para que exista un mayor flujo de turistas y para que estos turistas aporten a la economía de Oruro. El turismo no ha sido explotado como un pilar de la economía, nos hemos quedado en la economía minera, olvidando que tenemos una industria que es el turismo, que debemos explotar y que todavía no se lo ha hecho", dijo.
Asimismo, señaló que en base a un estudio económico que hizo la UTO, se determinó que son otras ciudades las que se aprovechan de la economía que genera el Carnaval de Oruro.
INFRAESTRUCTURA
El representante de la mesa de Infraestructura, Henry Ramírez, indicó dentro de lo más significante del trabajo de su mesa, es que se debe hacer una convocatoria nacional o internacional para generar el aspecto urbanístico de la ciudad, en base a la Obra Maestra.
"Otro de los elementos es que se genere una imagen ciudad, que se posicione la imagen de Oruro hacia todo el mundo fundamentado en la Obra Maestra. La ciudad debe respetar el patrimonio colonial que hemos heredado porque la ciudad tiene un por qué de la configuración que tiene", indicó.
Añadió que el patrimonio de la ciudad de Oruro, no puede ser dañado.
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sábado, 5 de abril de 2014
jueves, 27 de marzo de 2014
Alcaldía recaudó Bs. 1.000.000 por venta de espacios para el Carnaval
Según el informe preliminar, el Municipio recaudó alrededor de un millón de bolivianos por la venta de metros lineales en la ruta de la Entrada de Carnaval, y en base al Decreto Municipal 015 se debe transferir a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) el 60 por ciento y el 40 por ciento restante se queda en arcas de la Alcaldía, pero esto aún no está determinado puesto que se deben conciliar cuentas sobre aquellos metros lineales cedidos a la ACFO.
"Ya tenemos un detalle de la venta de metros lineales, emitido por los funcionarios que estuvieron a cargo de este trabajo, en base a los montos depositados a las cuentas municipales", informó el director Tributario y de Recaudaciones del Municipio, Edson Zambrana.
Comparando con la gestión pasada, Zambrana aseveró que se incrementaron los montos recaudados, señalando que por la venta de metros lineales en el Carnaval 2013 se tuvo un ingreso de alrededor de 900.000 bolivianos, dijo que se elabora un informe, además de programar una reunión con la ACFO para conciliar cuentas y determinar el monto que se transferirá a dicha institución.
Sin embargo, en base a estos datos, Zambrana detalló que la ACFO percibiría 638.934 bolivianos y que el Municipio se quedaría con 425.956 bolivianos.
"Repito estos montos se deben conciliar con la ACFO, por ello es que es un reporte preliminar, ya en el transcurso de esta y la siguiente semana se tendrá datos oficiales", aclaró Zambrana.
OTROS
En cuanto a la recaudación por la venta de los asientos en las graderías modelo que armó el Municipio, Zambrana explicó que aún se espera el informe de la comisión que estaba a cargo de este trabajo. Asimismo, los montos concernientes al cobro por asentamiento de puestos de venta de productos y servicios durante los días de Carnaval, de manera global se dará a conocer la siguiente semana, aseguró.
"Ya tenemos un detalle de la venta de metros lineales, emitido por los funcionarios que estuvieron a cargo de este trabajo, en base a los montos depositados a las cuentas municipales", informó el director Tributario y de Recaudaciones del Municipio, Edson Zambrana.
Comparando con la gestión pasada, Zambrana aseveró que se incrementaron los montos recaudados, señalando que por la venta de metros lineales en el Carnaval 2013 se tuvo un ingreso de alrededor de 900.000 bolivianos, dijo que se elabora un informe, además de programar una reunión con la ACFO para conciliar cuentas y determinar el monto que se transferirá a dicha institución.
Sin embargo, en base a estos datos, Zambrana detalló que la ACFO percibiría 638.934 bolivianos y que el Municipio se quedaría con 425.956 bolivianos.
"Repito estos montos se deben conciliar con la ACFO, por ello es que es un reporte preliminar, ya en el transcurso de esta y la siguiente semana se tendrá datos oficiales", aclaró Zambrana.
OTROS
En cuanto a la recaudación por la venta de los asientos en las graderías modelo que armó el Municipio, Zambrana explicó que aún se espera el informe de la comisión que estaba a cargo de este trabajo. Asimismo, los montos concernientes al cobro por asentamiento de puestos de venta de productos y servicios durante los días de Carnaval, de manera global se dará a conocer la siguiente semana, aseguró.
martes, 25 de marzo de 2014
Despierta indignación por imputación a tres técnicos
La imputación emitida contra tres técnicos municipales, por el desplome de la pasarela, el 1 de marzo pasado, cuando se realizaba el Carnaval de Oruro y que provocó la muerte de cinco personas, despertó indignación y protestas contra los fiscales que se encuentran a cargo de la investigación.
La oficial mayor de Cultura, María Eugenia Castañares, proclamó la “inocencia de los técnicos, porque ellos no provocaron el accidente, sino la imprudencia de las personas que pasaban por la pasarela, sin tomar las precauciones correspondientes”.
La declaración fue emitida durante la marcha de autoridades y trabajadores municipales que advirtieron que no permitirán la detención del oficial mayor de desarrollo urbano, Roger Copa Condori, y de las ingenieras Shirley Javier Cejas, funcionaria de Obras Públicas, y Patricia López Bermúdez, responsable de la Unidad de Mantenimiento de Vías de la misma Alcaldía.
“Son profesionales que han ingresado a la Alcaldía Municipal hace pocos meses. Ellos no han instalado las pasarelas y son inocentes, pero se les atribuye responsabilidad”, dijo Castañares. Durante la marcha no se encontraba la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores, pero los funcionarios explicaron que había una instrucción de la máxima autoridad para protagonizar la movilización.
El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Municipales, Sebastián López, dijo que están realizando la marcha, “por solidaridad con (sus) compañeros de trabajo”.
Los trabajadores pasaron por la puerta del Tribunal Superior de Justicia y después de hacer detonar petardos, se fueron hasta el edificio del Ministerio Público, donde protestaron contra los fiscales, por “no haber efectuado una investigación seria sobre el caso del desplome de la pasarela”.
Según el fiscal asignado al caso, Aldo Morales Alconini, “la investigación no ha terminado, porque aún hay muchas incógnitas al respecto, que merecen ser establecidas con precisión, pero por el momento, se han encontrado indicios de responsabilidad contra los tres técnicos municipales”.
En el transcurso de la investigación –dijo- se encontrarán más responsables, porque una estructura de esa naturaleza, no puede caerse, simplemente por exceso de peso, sino porque no había un estudio de cálculo o porque no se ha hecho un estudio del nivel del suelo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, Gonzalo Choque Huanca, señaló: “No estamos de acuerdo con la resolución del Ministerio Público, porque no se encuentra imputada la alcaldesa municipal, porque bajo su responsabilidad se encuentran las obras e infraestructuras de la ciudad”.
La versión fue respaldada por el diputado Ever Moya y advirtió que incluso “existen compromisos políticos para salvar la responsabilidad de la alcaldesa Rossio Pimentel, porque el fiscal de distrito, Orlando Riveros y la alcaldesa eran compañeros de trabajo en la Alcaldía, durante la gestión de Jaime Cuentas”.
Dijo que la Alcaldesa “es responsable de la caída de la pasarela y la muerte de cuatro músicos, pero por compromisos políticos, quieren protegerla”.
El día y hora de la audiencia de medidas cautelares contra los tres técnicos aún no ha sido dispuesto por el juez.
La oficial mayor de Cultura, María Eugenia Castañares, proclamó la “inocencia de los técnicos, porque ellos no provocaron el accidente, sino la imprudencia de las personas que pasaban por la pasarela, sin tomar las precauciones correspondientes”.
La declaración fue emitida durante la marcha de autoridades y trabajadores municipales que advirtieron que no permitirán la detención del oficial mayor de desarrollo urbano, Roger Copa Condori, y de las ingenieras Shirley Javier Cejas, funcionaria de Obras Públicas, y Patricia López Bermúdez, responsable de la Unidad de Mantenimiento de Vías de la misma Alcaldía.
“Son profesionales que han ingresado a la Alcaldía Municipal hace pocos meses. Ellos no han instalado las pasarelas y son inocentes, pero se les atribuye responsabilidad”, dijo Castañares. Durante la marcha no se encontraba la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores, pero los funcionarios explicaron que había una instrucción de la máxima autoridad para protagonizar la movilización.
El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Municipales, Sebastián López, dijo que están realizando la marcha, “por solidaridad con (sus) compañeros de trabajo”.
Los trabajadores pasaron por la puerta del Tribunal Superior de Justicia y después de hacer detonar petardos, se fueron hasta el edificio del Ministerio Público, donde protestaron contra los fiscales, por “no haber efectuado una investigación seria sobre el caso del desplome de la pasarela”.
Según el fiscal asignado al caso, Aldo Morales Alconini, “la investigación no ha terminado, porque aún hay muchas incógnitas al respecto, que merecen ser establecidas con precisión, pero por el momento, se han encontrado indicios de responsabilidad contra los tres técnicos municipales”.
En el transcurso de la investigación –dijo- se encontrarán más responsables, porque una estructura de esa naturaleza, no puede caerse, simplemente por exceso de peso, sino porque no había un estudio de cálculo o porque no se ha hecho un estudio del nivel del suelo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, Gonzalo Choque Huanca, señaló: “No estamos de acuerdo con la resolución del Ministerio Público, porque no se encuentra imputada la alcaldesa municipal, porque bajo su responsabilidad se encuentran las obras e infraestructuras de la ciudad”.
La versión fue respaldada por el diputado Ever Moya y advirtió que incluso “existen compromisos políticos para salvar la responsabilidad de la alcaldesa Rossio Pimentel, porque el fiscal de distrito, Orlando Riveros y la alcaldesa eran compañeros de trabajo en la Alcaldía, durante la gestión de Jaime Cuentas”.
Dijo que la Alcaldesa “es responsable de la caída de la pasarela y la muerte de cuatro músicos, pero por compromisos políticos, quieren protegerla”.
El día y hora de la audiencia de medidas cautelares contra los tres técnicos aún no ha sido dispuesto por el juez.
jueves, 20 de marzo de 2014
La Alcaldía de Oruro espera un decreto para cancelar deudas con hospitales
El oficial mayor de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Oruro, Guido Fuentes, dijo ayer que está a la espera de que el gobierno del presidente Evo Morales promulgue un decreto que determine el pago de la atención médica a los heridos por la caída de la pasarela el sábado de Carnaval, el 1 de marzo.
"El decreto permitirá el movimiento de partidas para pagar por la atención hospitalaria y médica por las atenciones médica tras la caída de la pasarela”, señaló Fuentes, reportó ABI.
El desplome de una pasarela dejó cinco muertos y 92 heridos. Hay 11 heridos que son atendidos en Oruro. Fuentes sostuvo que la norma debe autorizar al Ministerio de Salud el pago por las atenciones médicas y hospitalarias en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Añadió que el decreto debe establecer que entre la Alcaldía y la Gobernación deben correr, cada una, con el 50% del pago de la deuda con hospitales y clínicas.
Recalcó que con esta norma la administración edil podrá mover partidas presupuestarias para honrar la deuda. La Alcaldía de Oruro pagó más de Bs 400 mil en una acción de preliquidación de la deuda acumulada con hospitales.
El diputado Rodolfo Calle (MAS) anunció ayer que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja remitió el caso de la caída de una pasarela en Oruro a la Contraloría General del Estado para que haga una auditoría y establezca las responsabilidades en el caso. Ayer, dijo, la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, no asistió a una segunda citación para presentar pruebas de descargo. "(La alcaldesa) no ha dejado conforme a la comisión y por ese motivo que por decisión de la comisión se van a remitir los antecedentes a la Contraloría y vamos a solicitar una auditoría técnica financiera administrativa a la Alcaldía de Oruro; vamos a impulsar al Ministerio Público para que acelere las investigaciones y no deje impune a los que causaron luto”.
Algunas entidades deslindaron responsabilidad sobre la caída de la pasarela. Primero fue la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), que según su dirigente, Jacinto Quispaya, "la asociación se encarga de hacer el espectáculo”. Luego Pimentel afirmó que "(la pasarela) no fue montada por la Alcaldía”. Después el gerente de la empresa Iteca (constructora de la pasarela), Alfredo Navarro, dijo que "una vez que hemos entregado las pasarelas se han quedado con la Alcaldía”.
"El decreto permitirá el movimiento de partidas para pagar por la atención hospitalaria y médica por las atenciones médica tras la caída de la pasarela”, señaló Fuentes, reportó ABI.
El desplome de una pasarela dejó cinco muertos y 92 heridos. Hay 11 heridos que son atendidos en Oruro. Fuentes sostuvo que la norma debe autorizar al Ministerio de Salud el pago por las atenciones médicas y hospitalarias en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Añadió que el decreto debe establecer que entre la Alcaldía y la Gobernación deben correr, cada una, con el 50% del pago de la deuda con hospitales y clínicas.
Recalcó que con esta norma la administración edil podrá mover partidas presupuestarias para honrar la deuda. La Alcaldía de Oruro pagó más de Bs 400 mil en una acción de preliquidación de la deuda acumulada con hospitales.
El diputado Rodolfo Calle (MAS) anunció ayer que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja remitió el caso de la caída de una pasarela en Oruro a la Contraloría General del Estado para que haga una auditoría y establezca las responsabilidades en el caso. Ayer, dijo, la alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, no asistió a una segunda citación para presentar pruebas de descargo. "(La alcaldesa) no ha dejado conforme a la comisión y por ese motivo que por decisión de la comisión se van a remitir los antecedentes a la Contraloría y vamos a solicitar una auditoría técnica financiera administrativa a la Alcaldía de Oruro; vamos a impulsar al Ministerio Público para que acelere las investigaciones y no deje impune a los que causaron luto”.
Algunas entidades deslindaron responsabilidad sobre la caída de la pasarela. Primero fue la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), que según su dirigente, Jacinto Quispaya, "la asociación se encarga de hacer el espectáculo”. Luego Pimentel afirmó que "(la pasarela) no fue montada por la Alcaldía”. Después el gerente de la empresa Iteca (constructora de la pasarela), Alfredo Navarro, dijo que "una vez que hemos entregado las pasarelas se han quedado con la Alcaldía”.
Concejo de Oruro no fiscalizó pasarelas ni aprobó contratos
El Concejo Municipal no fiscalizó ni aprobó los contratos con la empresa Iteca, para la instalación de tres pasarelas en la ruta del Carnaval de Oruro, a pesar de tratarse de un costo total de 240 mil bolivianos, que debía ser sometido a la revisión y fiscalización del proyecto.
“El proceso fue dividido en partes de a 20 mil bolivianos, para comprar las pasarelas, hace tres años. Por eso, el Concejo Municipal no analizó ni tuvo conocimiento sobre la adjudicación e instalación de esa estructura metálica en la avenida 6 de Agosto”, afirmó el concejal Rodolfo Uyuni.
Una pasarela de la avenida 6 de Agosto cayó sobre los músicos de la Banda Espectacular Poopó y provocó la muerte de 5 personas y dejó heridas a 92, entre los cuales se encuentran espectadores, el 1 de marzo, durante la realización de la Entrada del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
El concejal Uyuni explicó que el proyecto “no fue licitado, como debería ser, sino que fue dividido en partes, como si una pasarela hubiese sido comprada por fierros, precisamente para evitar la fiscalización del Concejo Municipal, en claro afán de eludir las obligaciones que tiene la alcaldesa, Rossio Pimentel, para presentar todo contrato ante el Concejo, para su consideración, análisis y aprobación”.
La alcaldesa Rossio Pimentel no se presentó ante el Concejo, el pasado martes, para entregar su informe, supuestamente “por falta de garantías”, pero envió a los técnicos y asesores para que puedan explicar los alcances de ese proyecto de pasarelas.
Según el asesor de la Alcaldía, Edgar Blas, “la alcaldesa sufrió muchos vejámenes verbales y físicos, anoticiados de que se organizaba la presencia de un grupo de personas (en la sesión del Concejo, y por eso) no quisimos exponerla a esto nuevamente”.
Dijo que la alcaldesa tampoco acudirá a ninguna sesión del Concejo, “mientras no haya una reglamentación de las reuniones”.
Según el jefe de la Unidad de Bienes y Servicios, Israel Bascopé, el monto total del proyecto para la construcción de las pasarelas móviles, fue “cercano a los 239 mil bolivianos”. La respuesta provocó risas entre los concejales, porque “ni los técnicos y los asesores, conocen cuánto exactamente se invirtió en la construcción de las tres pasarelas”.
No hubo una explicación ni exposición de documentos sobre las pasarelas, pero el concejal Uyuni, dijo que es lamentable que la alcaldesa “se esté burlando de los concejales, al dar informes vagos, sin documentación y envía a sus técnicos y asesores, solo con el afán de dilatar el esclarecimiento de este problema que ha provocado cinco muertos”.
“Tampoco nadie sabía quién autorizó la instalación de la pantalla led, de propiedad de una empresa de cervezas”, dijo, pero “para controlar a los pequeños comerciantes, les hacen llorar y les quitan sus productos”.
La vicepresidenta del Concejo Municipal, Ruth Hinojosa, dijo ayer que cinco de los once concejales, “creen que todo está en orden y que al parecer nadie es responsable de la caída de la pasarela, que se construyó sola, se ensambló sola, se cayó sola y mató a personas sola, por lo tanto, debería resarcir daños la pasarela e ir presa”.
Los concejales Evelin Fernández, Alfredo Valles, Ricardo Gutiérrez, Viviana Garrón y Modesta Mamani, consideraron que el informe era suficiente y no hubo ninguna conclusión ni responsabilidad en la caída de la pasarela. Los que rechazaron el informe fueron Rodolfo Uyuni, Juan José Ramírez, Laura Lima y Ruth Hinojosa. El único que se abstuvo de votar fue Geográn Quispe.
Asimismo se pide que se investigue la participación de la Asociación de Conjuntos Folklóricos (ACFO) en todo el proceso que ahora ocupa a los concejales orureños.
“El proceso fue dividido en partes de a 20 mil bolivianos, para comprar las pasarelas, hace tres años. Por eso, el Concejo Municipal no analizó ni tuvo conocimiento sobre la adjudicación e instalación de esa estructura metálica en la avenida 6 de Agosto”, afirmó el concejal Rodolfo Uyuni.
Una pasarela de la avenida 6 de Agosto cayó sobre los músicos de la Banda Espectacular Poopó y provocó la muerte de 5 personas y dejó heridas a 92, entre los cuales se encuentran espectadores, el 1 de marzo, durante la realización de la Entrada del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
El concejal Uyuni explicó que el proyecto “no fue licitado, como debería ser, sino que fue dividido en partes, como si una pasarela hubiese sido comprada por fierros, precisamente para evitar la fiscalización del Concejo Municipal, en claro afán de eludir las obligaciones que tiene la alcaldesa, Rossio Pimentel, para presentar todo contrato ante el Concejo, para su consideración, análisis y aprobación”.
La alcaldesa Rossio Pimentel no se presentó ante el Concejo, el pasado martes, para entregar su informe, supuestamente “por falta de garantías”, pero envió a los técnicos y asesores para que puedan explicar los alcances de ese proyecto de pasarelas.
Según el asesor de la Alcaldía, Edgar Blas, “la alcaldesa sufrió muchos vejámenes verbales y físicos, anoticiados de que se organizaba la presencia de un grupo de personas (en la sesión del Concejo, y por eso) no quisimos exponerla a esto nuevamente”.
Dijo que la alcaldesa tampoco acudirá a ninguna sesión del Concejo, “mientras no haya una reglamentación de las reuniones”.
Según el jefe de la Unidad de Bienes y Servicios, Israel Bascopé, el monto total del proyecto para la construcción de las pasarelas móviles, fue “cercano a los 239 mil bolivianos”. La respuesta provocó risas entre los concejales, porque “ni los técnicos y los asesores, conocen cuánto exactamente se invirtió en la construcción de las tres pasarelas”.
No hubo una explicación ni exposición de documentos sobre las pasarelas, pero el concejal Uyuni, dijo que es lamentable que la alcaldesa “se esté burlando de los concejales, al dar informes vagos, sin documentación y envía a sus técnicos y asesores, solo con el afán de dilatar el esclarecimiento de este problema que ha provocado cinco muertos”.
“Tampoco nadie sabía quién autorizó la instalación de la pantalla led, de propiedad de una empresa de cervezas”, dijo, pero “para controlar a los pequeños comerciantes, les hacen llorar y les quitan sus productos”.
La vicepresidenta del Concejo Municipal, Ruth Hinojosa, dijo ayer que cinco de los once concejales, “creen que todo está en orden y que al parecer nadie es responsable de la caída de la pasarela, que se construyó sola, se ensambló sola, se cayó sola y mató a personas sola, por lo tanto, debería resarcir daños la pasarela e ir presa”.
Los concejales Evelin Fernández, Alfredo Valles, Ricardo Gutiérrez, Viviana Garrón y Modesta Mamani, consideraron que el informe era suficiente y no hubo ninguna conclusión ni responsabilidad en la caída de la pasarela. Los que rechazaron el informe fueron Rodolfo Uyuni, Juan José Ramírez, Laura Lima y Ruth Hinojosa. El único que se abstuvo de votar fue Geográn Quispe.
Asimismo se pide que se investigue la participación de la Asociación de Conjuntos Folklóricos (ACFO) en todo el proceso que ahora ocupa a los concejales orureños.
lunes, 17 de marzo de 2014
Ley 602 no debe "tocarse" para el Comité de Etnografía y Folklore
La Ley 602, que declara a Oruro como la Capital del Folklore de Bolivia, no debe ser modificada y menos "tocarse". Esta fue la posición que planteó ayer el Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro, mediante su presidente, Maurice Cazorla.
El titular de la mencionada entidad señaló que hace algunos días mediante la prensa se conoció que el Comité Cívico de Oruro estaría planteando la revisión de la Ley 602 para que más instituciones se encarguen de la organización del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, dejando de lado, en su artículo 2 que esa tarea sea del Gobierno Municipal, Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) y el Comité de Etnografía.
"Se estaría promoviendo un análisis o revisión de la Ley 602, al respecto el Comité de Etnografía y Folklore no conoce nada oficial. Por otro lado, el secretario de Cultura de la Gobernación, afirmó que el Comité de Etnografía y Folklore también estaría involucrado en la revisión de esta Ley, situación que en realidad la desmentimos, ya que en ningún momento hemos tenido acercamientos con ninguna institución para hablar o referirnos a lo que sería una revisión de la Ley 602", aseguró.
Reiteró que para su entidad, dicha normativa "no debe tocarse" y por el contrario debe mantenerse como está.
REGLAMENTO
Sin embargo, dijo que lo que es necesario es de promover la actualización del Reglamento de la Ley, presentado el año 2010 al Parlamento y que dicho documento tenga su promulgación oficial como una ley de carácter nacional.
"Estamos esperando en realidad que de todo este proceso se hagan los análisis correspondientes y entre las tres instituciones (Alcaldía, ACFO y Comité de Etnografía) que esperemos haya coordinación, que no ha habido, esperemos sentarnos y ponernos de acuerdo para actualizar este reglamento y este documento es muy claro en cuanto al manejo de recursos, en cuanto a la administración, el proceso y competencias, además que involucra a otras instituciones que no están en la Ley 602, pero que sí deben estar en el proceso de lo que es el desarrollo del Carnaval de Oruro", explicó.
Con motivo del accidente que ocurrió durante el Carnaval de la presente gestión, muchas entidades y autoridades, principalmente de cultura, plantearon que se debe hacer una revisión de la Ley 602, hecho que según algunos analistas iría en desmedro del propio Carnaval de Oruro y se vería en riesgo la nominación de Oruro, como la Capital del Folklore de Bolivia.
El titular de la mencionada entidad señaló que hace algunos días mediante la prensa se conoció que el Comité Cívico de Oruro estaría planteando la revisión de la Ley 602 para que más instituciones se encarguen de la organización del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, dejando de lado, en su artículo 2 que esa tarea sea del Gobierno Municipal, Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) y el Comité de Etnografía.
"Se estaría promoviendo un análisis o revisión de la Ley 602, al respecto el Comité de Etnografía y Folklore no conoce nada oficial. Por otro lado, el secretario de Cultura de la Gobernación, afirmó que el Comité de Etnografía y Folklore también estaría involucrado en la revisión de esta Ley, situación que en realidad la desmentimos, ya que en ningún momento hemos tenido acercamientos con ninguna institución para hablar o referirnos a lo que sería una revisión de la Ley 602", aseguró.
Reiteró que para su entidad, dicha normativa "no debe tocarse" y por el contrario debe mantenerse como está.
REGLAMENTO
Sin embargo, dijo que lo que es necesario es de promover la actualización del Reglamento de la Ley, presentado el año 2010 al Parlamento y que dicho documento tenga su promulgación oficial como una ley de carácter nacional.
"Estamos esperando en realidad que de todo este proceso se hagan los análisis correspondientes y entre las tres instituciones (Alcaldía, ACFO y Comité de Etnografía) que esperemos haya coordinación, que no ha habido, esperemos sentarnos y ponernos de acuerdo para actualizar este reglamento y este documento es muy claro en cuanto al manejo de recursos, en cuanto a la administración, el proceso y competencias, además que involucra a otras instituciones que no están en la Ley 602, pero que sí deben estar en el proceso de lo que es el desarrollo del Carnaval de Oruro", explicó.
Con motivo del accidente que ocurrió durante el Carnaval de la presente gestión, muchas entidades y autoridades, principalmente de cultura, plantearon que se debe hacer una revisión de la Ley 602, hecho que según algunos analistas iría en desmedro del propio Carnaval de Oruro y se vería en riesgo la nominación de Oruro, como la Capital del Folklore de Bolivia.
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