Un nuevo sistema de dictadura del Siglo XXI se aplica en la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (Acfo) y no se permite ni siquiera disentir ni opinar en contrario, porque en forma inmediata se promueve la expulsión no solamente del dirigente sino también del conjunto.
“Ni siquiera se permite ir a las misas y a las veladas en honor a la Virgen del Socavón. De los 48 conjuntos afiliados, 42 son dirigentes, es decir, no hay ninguna posibilidad de oposición o de fiscalización a las actividades que realiza la Asociación de Conjuntos del Folklore. Esto es una dictadura”, afirmó Celso Orosco, presidente del conjunto folklórico Rikchary Llajta.
El Comité Cívico de Oruro, mediante la asamblea de la orureñidad, pidió la actualización de los estatutos de la Acfo, para que se adecue y se enmarque a la Constitución Política del Estado, para garantizar los derechos de las instituciones y la participación de los danzarines en la toma de decisiones.
Sin embargo, el pedido ni siquiera fue escuchado por los dirigentes de la Acfo y, como no hay nadie que se oponga, los 42 dirigentes “se ratificaron en sus cargos, sin discusión, sin debate, sin exposición de planes de trabajo, sin democracia, sin evaluación de la gestión que ha pasado y sin permitir la intromisión de nadie”.
Para evitar la intromisión de disidentes, los dirigentes de la Acfo contrataron 30 policías que estaban parapetados en la puerta y los otros ambientes de la Asociación y, hasta la fecha, “nadie sabe cuánto recaudó la Asociación de Conjuntos del Folklore, por la organización del Carnaval de Oruro 2014, porque tampoco se presentó un informe auditado ante el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro”.
El Comité Cívico de Oruro pidió la realización de auditorías especializadas e informes económicos de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, pero hasta el momento no hay resultados y tampoco hay transparencia en el manejo de millones de dólares que se han recaudado desde hace nueve años.
“No se ha hecho ninguna inversión, durante los nueve años transcurridos. Ni siquiera se ha comprado una silla. En cambio, durante los años anteriores, por lo menos se compraban graderías, se mejoraban los ambientes, se adquirían mesas y sillas, pero en la nueva dictadura ni siquiera hay nuevas sillas”, expresó Orosco.
El Comité Cívico también pidió que se dejen sin efecto las intervenciones a los conjuntos folclóricos, pero la Acfo no ha aprobado ninguna resolución al respecto, durante el pasado congreso, que terminó con la ratificación de Jacinto Quispaya como presidente de esa institución, porque “a nadie nos conviene modificar nuestros estatutos”.
Según los exdirigentes de la Acfo, “se siguen aplicando sanciones a los danzarines que desean manifestar su fe devocional hacia la Virgen del Socavón, mercantilizando el Carnaval de Oruro, para fines estrictamente particulares, como el caso de la Asociación de Conjuntos del Folklore”.
Según el presidente de la Acfo, Jacinto Quispaya, “esta institución es privada y nadie puede inmiscuirse en sus decisiones”. Tampoco se permitirá la participación de los danzarines en la elección de dirigentes de la Acfo.
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