Varias ex autoridades y funcionarios públicos de la Alcaldía, entre ellas la ex alcaldesa Rossío Pimentel y el actual presidente del Concejo, Henry Rojas; serán denunciados ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de malversación de recursos, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; por el pago que se hizo durante su gestión edil, a clínicas privadas para la atención de los heridos por la caída de la pasarela en el Carnaval 2014.
La denuncia se hará a sugerencia del informe final de la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), firmado por Jorge Daniel Vargas Montesinos, sobre la investigación realizada respecto al pago de 1,3 millones de bolivianos a clínicas privadas, para la atención de aquellas personas que resultaron heridas tras la caída de la pasarela (entre ellos músicos de la Banda Espectacular Poopó); debido a presumen que esto se habría efectuado al margen de las normas vigentes.
"De manera enunciativa y no limitativa, ante la presunta responsabilidad penal, se recomienda derivar antecedentes a conocimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos del GAMO, a efecto que se interponga denuncia al Ministerio Público en contra de Rossío Carolina Pimentel Flores, ex alcaldesa; Mario Henry Rojas Jiménez, ex secretario municipal de Economía y Hacienda (actual presidente del Concejo Municipal); Guido Fuentes Sotomayor, ex Oficial Mayor de Desarrollo Humano", señala el informe.
La recomendación de dicho informe, también convoca con el mismo fin a ex funcionarios, como José Luis Terrazas, José Aramayo, Jessyca Fuentes, Omar Laura y contra José Vásquez, quien aún es jefe de la Unidad de Presupuestos.
Los ex funcionarios ediles, indicaron que en próximos días darán a conocer la información correspondiente, con fuentes documentadas, tomando en cuenta que además el Gobierno Central, cooperó con los lesionados de aquella ocasión facilitando su atención médica en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en cuyos centros médicos el mismo gobierno cubrió los gastos de curación.
El extenso informe, recoge varios antecedentes que incluyen la modificación presupuestaria, para justificar el pago de los recursos a las clínicas privadas. Ésta es observada, porque se utilizaron algunos recursos de IDH (Impuestos Directos a los Hidrocarburos), lo que contravendría a la norma.
Además según el artículo 25 del Decreto Supremo 21364 del año de 1986, que se encuentra vigente en la actualidad, no se pueden hacer este tipo de gastos, porque no son obligaciones del Estado.
"Serán considerados como uso indebido de fondos y por lo tanto, no reconocidos como obligaciones del Estado, los pagos a clínicas y médicos particulares, atenciones odontológicas, obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos, ayudas económicas, subsidios, subvenciones, donaciones de cualquier naturaleza, concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal, gastos extrapresupuestarios y otros utilizados indebidamente", expresa dicho artículo.
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